REVISTA EN GENÉRICO NÚMERO 9

revista de la asociación española de medicamentos genéricos AESEG www.aeseg.es en genérico 11 U na nueva oportunidad perdida. Ésta es una de las muchas sensa- ciones que deja el Real Decreto- Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aprobado recientemente por el Parlamento a ins- tancias del Gobierno. En lo que concierne a la farmacia comunitaria, la norma vuelve a cargar sobre ella buena parte de su contenido más discutible. Con este nuevo RDL, la práctica diaria del farmacéutico comunitario se ve alterada por enésima vez de forma significativa, pues son muchas las sombras que la norma deja sin que sus hacedores hayan conseguido esclarecer, sino más bien al contrario, pues el texto se ha visto modi- ficado en algunos de sus puntos impor- tantes mediante una extensa corrección de errores (algo insólito). Entre esas sombras pueden señalarse varias, tanto desde la perspectiva de la relación de la farmacia con sus pacientes como desde el punto de vista del funcio- namiento interno de la farmacia. En el primer caso, se ha introducido una modificación de las aportaciones de los beneficiarios de la prestación farmacéu- tica (el ya famoso copago farmacéutico), de forma que a partir del próximo 1 de julio habrá colectivos, como el de los pen- sionistas, que deberán abonar parte de sus medicamentos cuando antes estaban exentos. No parece, y así lo ha reconoci- do el Ministerio , que esta medida tenga capacidad por sí sola de garantizar la sostenibilidad económica del SNS; sin embargo, sí entraña riesgos que deberán ser objeto de seguimiento, pues podría suponer un factor de inequidad en el acceso a la prestación farmacéutica generando a medio y largo plazo un coste mayor a la sanidad pública y podría, a su vez, dañar la cercanía de los pacientes con la farmacia, al igual que sucede con otras medidas recientes. Es aquí donde se percibe una primera oportunidad perdida para mejorar la sostenibilidad del sistema mediante un mejor aprovechamiento de la farmacia comunitaria, reforzando su papel como especialista en el uso racional del medica- mento y estimulando la creación de una cartera de servicios que pudiera descon- gestionar otros niveles asistenciales y prevenir el agravamiento de determinadas patologías. Ejemplos de estos servicios serían el seguimiento y control de pacien- tes mediante la medida de parámetros biológicos (glucosa, presión arterial, etc.), la realización de cribados (VIH, cáncer de colon), protocolos para evitar el abuso de antibióticos, programas para evitar dependencias (tabaco, etc.) y el uso de los sistemas personalizados de dosificación. Pero, además, el RDL deshace el camino de otras normas recientes, como el RDL 9/2011, que establecía la prescripción por principio activo y eliminaba las diferencias entre marcas (innovadoras) y genéricos a la hora de la dispensación en igualdad de precio. Al margen de la conveniencia de reforzar la PPA , sería imprescindible que se establezca un marco regulatorio estable y duradero al que atenerse, especialmente para evitar trastornos al paciente por los continuos cambios en la medicación que se pudie- ran dar, para evitar así la aparición de posibles errores. Además, el RDL corregido introdujo el concepto “precio más bajo” en lugar del “menor precio” para los casos de las sustituciones de medicamentos. Este hecho puede generar numerosas disfun- ciones, que van desde los inconvenientes ya reseñados en la continuidad de los tratamientos de algunos pacientes hasta la generación de posibles problemas de desabastecimientos para las farmacias, en el caso de que el proveedor de esos medicamentos con “el precio más bajo” no tenga capacidad suficiente para pro- veer a todo el mercado. Por último, habría que reseñar que el RDL deja la puerta abierta a otras medidas de corte claramente economicista, como son el establecimiento de precios selecciona- dos y la desfinanciación de determinados medicamentos. No parece que la fórmula pase por incidir continuamente sobre el precio, ya que no soluciona el proble- ma de fondo y perjudica gravemente la viabilidad de muchas farmacias, debido a que el actual sistema de retribución sigue vinculado a un margen de beneficio sobre el precio de los medicamentos y no al acto profesional. En el caso de la desfinanciación, ésta debería hacerse evaluando de forma continuada su impacto en la salud y en el precio de los medicamentos y debería ser aprovechada por la Administración para plantear un papel mucho más activo de la farmacia comunitaria como agente de salud y como establecimiento experto en el uso de medicamentos. ACTUALIDAD Un Real Decreto-Ley con sombras Mario Vaíllo deMingo Responsable de Comunicación Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) “Con este nuevo RDL, la práctica diaria del farmacéutico comunitario se ve alterada por enésima vez de forma significativa” análisis