en genérico
marzo 2012
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en genérico
L
a futura imposición del mal llama-
do copago en Cataluña (el término
más exacto sería repago), que
será a partir del uno de junio de este
año y que gravará con un euro, salvo
excepciones, cada una de las recetas
que dispensa la sanidad pública en la
comunidad, ha vuelto a traer al frente
el sempiterno debate sobre los usos y
desusos de este mecanismo, concebido
principalmente como arma recaudatoria
y de regulación frente a la demanda.
No en vano, si bien su implementación
puede estar justificada desde ciertos
puntos de vista (la circunstancia eco-
nómica actual no es, en cualquier caso,
uno de ellos), este sistema sí supone un
quebranto innegable de la equidad que
impera dentro del acceso a la sanidad en
España. Es decir, su aplicación conlleva
una erosión inexorable de la universali-
dad del sistema como consecuencia de
la merma que los pacientes con menos
recursos sufrirán en su capacidad para
disfrutar de este servicio. Y más ahora
con la crisis en su punto álgido y con la
tasa de paro disparada.
Así, al margen de esta premisa mayor, la
cual puede verse matizada en función
de las características que se impongan
al modelo de copago (exención para
parados, enfermos crónicos, pensionis-
tas, áreas de aplicación, etcétera), lo que
no está del todo claro a día de hoy es si
realmente este impuesto, que al fin y al
cabo es lo que es, una herramienta para
aumentar la recaudación, es capaz de
disciplinar a las personas en cuanto a los
hábitos de consumo que han alimenta-
do alrededor de la supuesta gratuidad
del sistema. En primer lugar porque en
España ha proliferado la idea, discutible
en toda su extensión, de que la sociedad
abusa de las prestaciones que ofrece
este servicio cuando, según el último
informe de la OCDE, el número de
consultas médicas por habitante y año
en España alcanza las 7,5 mientras que
la media en de la OCDE se sitúa en 6,69.
Por encima de nuestro país, no obstante,
se encuentran naciones como Hungría
(12 visitas médicas al año por habitan-
te), la República Checa (11,2) y Alemania
(8,2), tres países en los que, sin embargo,
sí existe copago. En Alemania, de hecho,
donde sus ciudadanos pagan 10 euros al
trimestre por visitar al médico, se está
estudiando cobrar todavía más, cinco
euros por consulta, para aliviar la sobre-
carga de pacientes que sufre el sistema.
En segundo lugar, otro de los mitos que
pesan sobre el Sistema Nacional de
Salud, argumento controvertido donde
los haya cuando se trata de instaurar
el copago, tiene que ver con el elevado
número de recetas que supuestamente
se prescriben y donde los defensores de
este sistema creen que más contención
se podría generar. Y es que en España el
gasto farmacéutico público en oficinas
de farmacia acumula tres años seguidos
de contracción, desde los 268 euros por
habitante y año cuantificados por el
Ministerio de Sanidad en 2009 hasta los
236 euros de 2011. Un descenso moti-
vado por los cambios legislativos que
impulsó el anterior Gobierno y que nos
aleja todavía más de lo que sucede en
Europa, donde el gasto medio en 2009,
según la OCDE, se elevaba por encima
de los 322 euros.
La conjunción de todos estos factores da
como resultado que la finalidad última
del copago no es otra que la de instaurar
un tributo sobre la sanidad y, de algún
modo, multar su uso. Una herramienta,
después de todo, indecorosa, ofensiva e
insolidaria con la que la administración
se defiende de su más que discutible
competencia en la gestión de los recur-
sos públicos. En el ámbito de sanidad,
donde está en juego la salud de las
personas, la clase política debería mar-
car unas líneas rojas inquebrantables
con las que establecer un código moral
restrictivo de todas aquellas iniciativas
políticas que supongan un sesgo para el
bienestar de las personas.
ANÁLISIS
Copago: un peaje sanitario
exclusivamente recaudatorio
“La finalidad última
del copago no es otra
que la de instaurar un
tributo sobre la sanidad
y, de algún modo,
multar su uso”
Rodrigo Gutiérrez
Redactor de Farmacia de
El Economista
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