revista de la asociación española de medicamentos genéricos AESEG
en genérico
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a
ctualidad
ACTUALIDAD DEL GENÉRICO
El fin no justifica losmedios:
subastas andaluzas demedicamentos
L
a Ley General de Sanidad establece
la equidad como principio general
del
Sistema Nacional de Salud
(SNS),
entendiendo ésta como la garantía de
que la asistencia sanitaria pública se debe
extender a toda la población y que el acceso
y las prestaciones sanitarias se realizarán en
condiciones de igualdad efectiva.
El sistema de subasta de medicamentos
implantado por la
Junta de Andalucía
en 2012 pone en peligro esta unidad
del mercado, al anular el derecho de los
ciudadanos andaluces a acceder a los
medicamentos y productos sanitarios en
las mismas condiciones que otros ciuda-
danos españoles. Desde la primera hasta
la última -y van siete-, ha existido riesgo
y constatación de desabastecimiento de
fármacos. Algunos laboratorios adjudica-
tarios han sido incapaces de proveer a las
farmacias de manera sostenible. Más de
la mitad de las ventas de las referencias
subastadas en abril procedieron de com-
pañías farmacéuticas que no participa-
ban en el sistema de subastas.
El desabastecimiento obliga a sustituir los
medicamentos adjudicatarios por otros,
generando confusión en los pacientes y
dificultando la adherencia al tratamiento,
con el derivado impacto en la salud de los
ciudadanos y el consiguiente coste extra
para el sistema sanitario.
Los datos también echan por tierra el
principal argumento esgrimido por la
Junta de Andalucía para implantar este
sistema: el ahorro en gasto farmacéutico.
Para el año 2012 se preveía llegar a los
40 millones de euros. La cifra final fue de
9,3 millones y las subastas posteriores
reflejan unos resultados similares.
Afectación negativa al PIB
Por otro lado, la subasta andaluza deme-
dicamentos está alentando una profunda
transformación del sector industrial de ge-
néricos que, irremediablemente, repercutirá
en el Producto Interior Bruto (PIB). Se esti-
ma una caída de la productividad del sector
de un 15% y un descenso de su inversión en
I+D demás de 20millones de euros.
Se está limitando el desarrollo de una
industria en crecimiento comprometida
con el PIB. Siete de cada 10 medicamen-
tos genéricos consumidos en España son
producidos dentro de nuestras
fronteras; un 3,5% de su factura-
ción se invierte en I+D; y genera
más de 8.000 empleos directos
y 26.000 indirectos. Una
situación que no encuentra
contrapartida en las compa-
ñías adjudicatarias de las
subastas. La mayor parte
de los laboratorios selec-
cionados son exclusiva-
mente comercializado-
res, con una mínima
cuota de participa-
ción y contribución
al tejido industrial
español y al PIB.
Todo ello sin olvidar que este sistema
invade la distribución de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas, y va en contra de tres directivas
del
Parlamento Europeo
, vinculantes
para los Estados miembros, sobre contra-
tación pública en cuanto a competitivi-
dad, transparencia y cumplimiento de los
contratos firmados.
Las medidas de racionalización del gasto
público sanitario son siempre bienveni-
das en tanto que permiten reorientar los
recursos. Más aún en situación de crisis
económica y de limitación presupuesta-
ria. Pero no todo vale. Menos, si lo que
está en juego es el libre acceso de los
ciudadanos a los medicamentos. En este
caso, el fin no justifica los medios ni pue-
de legitimar cualquier tipo de media.
Se necesita un marco jurídico estable
y predecible que garantice la libre con-
currencia e igualdad de oportunidades
a todas las compañías farmacéuticas.
Está en juego el mantenimiento de uno
de los mejores sistemas sanitarios del
mundo.
“El ahorro logrado hasta
ahora está lejos de los
objetivos iniciales de la
administración andaluza”
Es necesario un marco jurídico
estable para garantizar la
igualdad de oportunidades.
Ángel Luis Rodríguez
de la Cuerda
Director General de AESEG
